Kirchner admite que la Corte es independiente
Habló en Río Gallegos rodeado de 15 gobernadores. Como ya había mostrado después del fallo adverso por la ley de medios, eligió bajar el tono de la embestida oficial contra la Corte.
Habló en Río Gallegos rodeado de 15 gobernadores. Como ya había mostrado después del fallo adverso por la ley de medios, eligió bajar el tono de la embestida oficial contra la Corte.
Pablo Meléndrez
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció que "varias" adolescentes infractoras fueron "víctimas de abusos sexuales" en el hogar de internación de Montevideo. El INAU indaga una situación irregular pero no serían violaciones.
La denuncia fue formulada por la OMCT en una carta abierta enviada ayer al presidente José Mujica, y de la cual también se envió una copia al vicepresidente Danilo Astori; al ministro del Interior, Eduardo Bonomi; a la senadora Lucía Topolansky; al presidente del INAU, Javier Salsamendi, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.
En la nota, la OMCT, que nuclea a más de 300 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, señala estar "particularmente preocupada" por las situaciones de abuso registradas en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) donde se alojan a las adolescentes infractoras.
En ese sentido, la OMCT denuncia que "varias adolescentes privadas de libertad" en el CIAF "fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales en múltiples ocasiones, en horas de la noche". El documento señala que esos casos han sido reportados por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
Incluso, la OMCT denuncia que la directora del CIAF se "habría negado" a hacer públicos esos abuso, así como se ocupó de "retardar la investigación". Al ser consultada ayer por El País, la responsable del hogar, Teresita Ibáñez, rechazó la denuncia. "No sé de dónde salió todo eso", dijo, y se excusó de hacer más comentarios.
"Se ha conocido además que varias funcionarias del centro que denunciaron las mencionadas violaciones ahora están siendo hostigadas en su trabajo", añade la OMCT.
La carta de la organización internacional pide a Mujica que "ordene a las autoridades concernientes que lleven a cabo una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la violación sexual de estas niñas privadas de libertad, cuyo resultado debe ser hecho público...".
La OMCT resalta que de esa forma, será posible "identificar a aquellos que resulten responsables, conducirlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley", concluye la carta.
INVESTIGACIÓN. Por su parte, el director del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) del INAU, Jorge Jouroff, informó a El País que se está investigando una situación irregular en el hogar de internación de jóvenes infractoras, pero indicó que la denuncia que originó la indagatoria administrativa no menciona casos de abuso sexual.
Jouroff señaló que hace un mes recibió una denuncia de un grupo de funcionarias que alertaron que otro trabajador "aparentemente miraba a las chicas" pero "no se hablaba de abuso sexual", explicó, aunque prefirió no brindar otros detalles ya que todavía la investigación no concluyó.
El jerarca dijo que el caso está en trámite y se dio cuenta a la división jurídica del INAU para que instruya el sumario. El trabajador denunciado fue trasladado a otra dependencia.
Jouroff criticó a la OMCT por haber difundido la información del presunto abuso en el hogar femenino. "No sé de dónde se saca la información, pero no me parece muy serio hablar de esto sin conocer exactamente qué es lo que pasó", dijo.
Por otro lado, el titular del Semeji defendió la actuación de la directora del hogar que, según dijo, "procedió correctamente". Jouroff también relató que hubo irregularidades en el trámite inicial de la denuncia, ya que se procedió a tomar declaraciones a varias personas, sin conocimiento de la responsable del centro.
El funcionario destacó que el Semeji busca tanto "la protección de las chicas" que están alojadas en el hogar, así como que el trabajador denunciado tenga todas las garantías ante "posibles errores de interpretación", dijo Jouroff.
Mientras tanto, el secretario general del sindicato de trabajadores del INAU, Carlos Salaberry, dijo a El País que el gremio desconoce la existencia de hechos de aparentes abusos en el centro de internación femenino de Montevideo.
Salaberry indicó que le "llama la atención" la presunta ocultación de los hechos por parte de la directora del hogar, ya que de ser así, otros funcionarios enterados del caso lo hubieran dado a conocer.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en la carta que envió al presidente José Mujica, observó que en Uruguay se está registrando "un giro político más represivo en contra de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley".
Por eso, la organización, en la nota enviada al mandatario, expresa su "seria preocupación frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Uruguay".
En particular, la OMCT expresa su "seria preocupación" ante la existencia de proyectos legislativos que buscan endurecer las sanciones a los menores infractores, así como rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a16 años.
También se ha planteado la intención de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia, para que los antecedentes de los jóvenes no sean eliminados cuando llegan a la mayoría de edad.
En tal sentido, la OMCT señala que "todas estas modificaciones contravienen normas internacionales de derechos del niño". La nota también advierte que esos cambios legislativos violarían las disposiciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La OMCT también expresó su "alarma" ante el proyecto del INAU de alojar a los menores infractores en módulos metálicos, porque de esa forma "el gobierno estaría aumentando el rigor y endureciendo aún más las condiciones de la privación de libertad, renunciando de esta forma a garantizar los derechos de estos niños y adolescente".
Por ese motivo, la OMCT pide a Mujica que tome medidas para "evitar que se adopte una legislación más represiva sobre la detención de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, y evitar la aprobación del proyecto de la prisión dentro de contenedores". También reclama al Presidente que el gobierno adopte "de manera inmediata" soluciones ante la problemática de los jóvenes internos.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, volvió a cuestionar duramente la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados de la Argentina (CONARE, dependiente del Ministerio del Interior) de otorgarle refugio al ex líder guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, acusado en su país por el asesinato, en 1991 y ya en democracia, de un senador que había sido colaborador del dictador Augusto Pinochet y por el secuestro de un empresario. En otro paso en el caso, la Cancillería de Chile citó para esta tarde al embajador argentino en Santiago, Ginés González García, para transmitirle formalmente el descontento del gobierno de Piñera.
"El asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards (directivo del diario El Mercurio) son crímenes que no pueden quedar impunes, como ningún crimen. No comparto y lamento profundamente que la decisión de la CONARE esté impidiendo que la justicia chilena conozca este crimen, porque en el fondo está contribuyendo a una impunidad que no le hace bien ni a la justicia ni al país", afirmó Piñera en declaraciones radiales que cita el sitio del periódico La Tercera.
El mandatario analizó esta mañana, en una reunión con el embajador de Chile en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, y el canciller Alfredo Moreno los fundamentos que esgrimió la CONARE para darle refugio al ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) después de que la Corte Suprema argentina indicara que la extradición reclamada por Santiago era procedente.
Tras el encuentro, el canciller Moreno confirmó que citó para hoy mismo al embajador González García."Le voy a hacer entrega del pensamiento chileno sobre esta materia", añadió el ministro de Piñera. Hasta esta mañana, los medios chilenos citaban a fuentes del gobierno que aseguraban que Piñera intentaría dar por cerrado el caso para "no 'apablizar' la agenda y cuidar la relación" bilateral. Sin embargo, la Unión Demócrata Independiente (UDI, oficialista y a que fue fundada por el asesinado Guzmán), sigue con su ofensiva para endurecer la postura frente a la Casa Rosada.
Desde Alemania, adonde viajó junto a la Presidenta, el canciller argentino, Héctor Timerman, insistía esta mañana en que el caso no afectará las relaciones bilaterales. En declaraciones a la radio La Red, además, desestimó como "una payasada" los cuestionamientos de legisladores chilenos que vincularon la decisión argentina a una cuestión electoral o el supuesto miedo a lo que pudiera decir la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Desde el PRO, el diputado Christian Gribaudo -que ya había presentado la semana pasada un proyecto exhortando al Ejecutivo a que extraditara a Apablaza, volvió a cuestionar la política del kirchnerismo. "No terminamos de cerrar un conflicto con un país hermano, como Uruguay por Botnia, y abrimos gratuitamente uno nuevo con Chile. Timerman debería ponerse el saco de canciller y sacarse un rato el de opinólogo radicalizado. Las relaciones internacionales no se construyen por Twitter", disparó, al tiempo que opinó que "no se puede dar asilo a alguien acusado de matar dirigentes en democracia".
El caso, reimpulsado en Chile tras las declaraciones de un ex compañero de Apablaza en la dirección del FPMR deslizara que el exiliado en la Argentina –durante los primeros años, con nombre falso- tuvo responsabilidad en la decisión de asesinar a Guzmán y secuestrar a Edwards, originó fuertes roces entre los propios poderes de la Argentina.
El fin de semana, Fernández de Kirchner formuló, a través de la red social Twitter, durísimas críticas a la decisión de la Corte de otorgar la extradición –ahora frenada a partir de que el Gobierno le dio al ex guerrillero el status de refugiado-, mientras que, casi en paralelo, el vicepresidente Julio Cobos salió a defender al máximo tribunal.
Hugo Alconada Mon
LA NACION
El "gestor" del poder dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Vázquez, acumuló casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa, fondos que mantuvo por fuera de los controles formales y que no declaró ante el fisco, es decir, ante el organismo para el cual trabaja.
La existencia de esos fondos consta en documentos bancarios confidenciales anexados a dos investigaciones en curso en la justicia argentina, que obtuvo y verificó LA NACION de cuatro informantes independientes entre sí durante los últimos once meses, incluida una fuente del circuito por el que el funcionario movió ese dinero presentándose como "contador independiente".
Consultado por LA NACION, Vázquez se negó a confirmar o desmentir que sea el titular de esas cuentas y esos fondos "por razones de seguridad personal". Sólo cuando el vocero de la AFIP, Pedro López, lo urgió a desmentirlo, dijo que la información "no tiene ningún asidero" y que "nunca" tuvo cuentas en el exterior.
Esa cuenta con 461.000 dólares figura, sin embargo, en por lo menos dos expedientes. El primero se instruye en el Juzgado Federal N° 9 de Comodoro Py, a cargo actualmente de Sergio Torres; el segundo -derivado de la primera pesquisa-, en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, que, a su vez, delegó la investigación en la Fiscalía N° 49. Allí, el fiscal Mariano Solessio quedó encargado de investigar a los cientos de clientes de la cueva del BNP Paribas; entre ellos, a Vázquez.
La ex interventora del PAMI Graciela Ocaña es quien inició el primer expediente. Denunció, en 2007, a un gerenciador de la obra social, Miguel Romano, y aún espera resultados judiciales, después de más de tres años de supuesta pesquisa.
Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre el patrimonio de Romano, pronto se toparon con un par de cuentas bancarias "negras". Y al hurgar un poco más, se encontraron con una sucursal no declarada del BNP y otros 500 clientes vip -Vázquez, entre ellos- que sumaban en total más de 251 millones de dólares.
Jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP, tal su cargo formal, Vázquez tiene, sin embargo, autonomía propia. Por eso, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le enrostra ser quien ordenó el megaoperativo de 200 inspectores contra el Grupo Clarín, que provocó la condena internacional en septiembre de 2009.
El entorno de Echegaray, además, le endilga a Vázquez mantener un vínculo directo con la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), y de allí con la quinta de Olivos, lo que lo torna casi intocable, algo que se potencia al ser el encargado, desde su puesto formal, de controlar la prolijidad tributaria de empresas de dos figuras patagónicas, muy cercanas al kirchnerismo: Lázaro Báez y Cristóbal López, como reveló La Nacion en varios artículos publicados en 2009 y este año.
Paralelamente a esas funciones, sin embargo, Vázquez transfirió al extranjero 461.000 dólares por medio de una cuenta que abrió con la filial argentina del gigante holandés ING, según consta en los documentos cuya copia obtuvo La Nacion. Envió el dinero a su filial en Curaçao, la isla más grande de las Antillas Holandesas y uno de los paraísos fiscales del Caribe.
En la cuenta figuran Vázquez y su hermana ?ya que parte de los fondos corresponderían a la venta del inmueble que pertenecía a sus padres?, aunque el funcionario de la AFIP aparece registrado como su "primer titular", ya que aportó el grueso del dinero. Se presentó como "contador independiente", según indicó una fuente al tanto de lo ocurrido en la operatoria ING- BNP a La Nacion.
Cuando ING Argentina vendió su cartera de clientes como prólogo de su salida del país, BNP Paribas se quedó con su cartera formal. También, con sus clientes en las sombras, la que gestionó desde una "sucursal" no declarada ante el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) o la AFIP, según determinó el entonces el titular subrogante del Juzgado Federal N° 9, Octavio Aráoz de Lamadrid.
En la cuevaContactado por los ejecutivos de la "cueva" del BNP, Vázquez dio el siguiente paso. Ante la opción de girar sus fondos a Suiza o Luxemburgo, se inclinó por la segunda opción.
Para eso, el BNP asentó tres datos llamativos en un formulario interno. El primero, que Vázquez tenía un estudio contable "con tres empleados administrativos" en Talcahuano 1943 de la Capital Federal. Pero esa dirección no existe. Esa calle sólo llega hasta el número 1300.
El segundo dato llamativo que consta en el formulario del BNP es que Vázquez aparece como "dueño" de ese estudio contable.
"Siempre trabajó en su propio estudio como asesor de empresas, sobre todo pymes. Siempre trabajó en forma independiente", asentaron en la "cueva", aun cuando trabajar como contador está prohibido por ley para todos los empleados de la AFIP.
El tercer dato llamativo llegó a la hora de tachar con una cruz la opción correcta del siguiente rubro del formulario. "El titular o beneficiario económico ejerce un cargo público". Y entre el "no" y el "sí: precisar" -que hubiera aumentado los controles contra el lavado de dinero-, la cruz de Vázquez se trazó en la casilla del no.
Para evitar confusiones, en los registros de la cuenta figuran otros datos de Vázquez. Su fecha de nacimiento y su número de documento -que coinciden con los del funcionario de la AFIP-, y un estimado de sus ingresos anuales: 300.000 dólares.
LA MANIOBRA1) En una "cueva"El funcionario de la AFIP Andrés Vázquez, director de la seccional Metropolitana Sur, abre una cuenta bancaria en una "cueva" de la ciudad de Buenos Aires.
2) TransferenciaVázquez transfiere su dinero a la sucursal de ING en Curaçao, una isla de las Antillas Holandesas. Envió 461.000 dólares. ING vende su cartera "blanca" de clientes al BNP Paribas.
3) Clientes "en negro"Una vez completada aquella última operación, BNP Paribas contacta a la cartera "en negro" de clientes de ING. Vázquez transfiere los fondos a una filial del BNP Paribas en Luxemburgo.
4) AllanamientoEn abril de 2007, la entonces interventora en el PAMI, Graciela Ocaña, denuncia al gerenciador de la obra social, Rubén Romano, ante la Justicia. Cinco meses después, en busca de datos para esa investigación, la Gendarmería allana la "cueva" de BNP Paribas, en el 27° piso del edificio situado en Alem 855. Termina secuestrando la información sobre unos 500 clientes con "dinero negro".
5) Bajo investigaciónLos papeles con los movimientos del dinero atribuido a Vázquez quedan en poder de la Justicia. En junio de 2008, la Justicia extrae testimonios y se abre otra investigación. Más de dos años después, y tras su paso por varios juzgados, la causa no registra mayores avances.
6) Fuera del anonimatoPoco después, Vázquez salta a la luz pública al ser mencionado por su jefe directo, Ricardo Echegaray, como el responsable de haber ordenado un megaoperativo fiscal en Clarín.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1310914